El Ayuntamiento de Antequera tenía previsto dar a conocer su presupuesto para 2022 este viernes. Sin embargo, el equipo de Gobierno va a tener que rehacer cuentas municipales previstas para el próximo ejercicio, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la nulidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que es una de las fuentes de financiación de las haciendas locales.
“Este año se va a demorar un poco”, ha comentado el alcalde Manolo Barón, respecto a la presentación de unos presupuestos que en los últimos años se tenían listos para octubre y en los que para el próximo ejercicio se había calculado casi 1,3 millones de euros del también llamado impuesto de plusvalía. En este sentido, una vez se conozca la sentencia al completo se pedirá un informe a la Tesorería municipal y otros sobre aspectos jurídicos para determinar la repercusión en las cuentas del Ayuntamiento de Antequera, respecto a los ingresos previstos por este gravamen.
“Estoy completamente de acuerdo de que si hay algún tipo de impuesto injusto que los ciudadanos no lo paguen. Pero si los ciudadanos no lo pagamos, el Ayuntamiento automáticamente se resiente en los ingresos y eso va repercutido en los gastos, que son los servicios que da el Ayuntamiento”, ha recordado el primer edil antequerano.
En este sentido, Barón considera que la Administración central debería compensar a los ayuntamientos por lo que se va a dejar de percibir por el impuesto de plusvalía, por ejemplo, aumentando la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. “Pero dejarnos de la mano de Dios o poner un nuevo impuesto, me parece un error brutal. Si hay que quitarlo, que se quite, pero que le compense”, ha incidido durante una comparecencia junto a la delegada territorial de Administración Local, Mónica Alejo, para quien también hay que buscar “otras alternativas” de financiación para las haciendas locales, “ya que la repercusión siempre será hacia los ciudadanos”.
El alcalde de Antequera también ha lamentado que desde el Gobierno central no se haya abordado “un asunto que se le venía encima”, máxime cuando desde 2017 existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ya había declarado la nulidad de los mismos artículos de Ley Reguladora de las Haciendas Locales que hacen referencia a este impuesto, cuando se sometía a tributación transmisiones donde no había incrementos de valor de los bienes inmuebles.
